Las campañas de estigmatización, difamación y persecución llevadas a cabo por el régimen venezolano posterior al 28 de julio representan una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos en el país. Estas prácticas de odio y represión están destinadas a socavar la capacidad de organización de la sociedad civil desde el espacio digital, donde entre diferentes objetivos, la necesidad de quebrar las redes de confianza de la ciudadanía. Para ello ha empleado diferentes estrategias en lo que refiere al linchamiento en redes sociales durante el 2024. En este análisis podemos desglosar tres de ellos:
Estigmatización: Esta práctica ha sido llevada a cabo mediante una campaña de deshumanización orquestada por cuentas trolls del gobierno. La estigmatización busca descalificar y deshumanizar a los miembros de la oposición, presentándolos como enemigos del estado y de la sociedad, utilizando discursos que fomentan el odio y la división. Las cuentas trolls se caracterizan por su anonimato y su capacidad de generar gran cantidad de contenido en redes sociales, propagando mensajes que buscan deshumanizar a los opositores. Esta práctica no solo afecta la imagen pública de los afectados, sino que también promueve una cultura de intolerancia y odio. Durante la operación TUN TUN y durante la campaña presidencial, distintas cuentas pro oficialistas emprendieron campañas contra grupos específicos de la sociedad como es el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel con el hashtag #RocioNoEsSanta o contra los activistas de los llamados comanditos, donde se impulso desde cuenta institucionales venezolanas y cuentas pro oficialistas con la campaña #ComanditosDelTerror.
Difamación: Paralelamente, la difamación se ha convertido en una herramienta clave del régimen. Consiste en la difusión de mensajes falsos que atentan contra la moral y la reputación de las personas, en este caso, miembros de la oposición venezolana. Estas falsas acusaciones no solo buscan desacreditar a las personas, sino también minar su poder y su influencia en la sociedad. La difamación es una táctica utilizada para debilitar la confianza pública en los líderes de la oposición, presentándolos como corruptos, incompetentes o incluso como traidores a la patria. Esta campaña de desinformación se lleva a cabo a través de diversos medios, incluyendo redes sociales, canales de televisión y sitios web afiliados al gobierno.
Inhabilitación: Finalmente, la inhabilitación se ha materializado en la práctica de deshabilitar cuentas o hackearlas como lo fue el caso de la actriz Pakrity Maduro a quien le vulneraron su cuenta de X, durante las semanas posteriores a la elección del 28 de julio. Esta practica de identificación de posibles objetivos por parte de las mismas cuentas trolls del Ejecutivo Nacional es a su vez un tipo de acoso virtual que ha tenido consecuencias reales y tangibles, ya que muchas veces lleva a la intimidación y el temor de los afectados. La persecución no se limita al ámbito virtual, sino que en muchos casos se traduce en acciones físicas contra los opositores, como detenciones arbitrarias, vigilancia constante y amenazas directas a sus familias. Este clima de miedo y represión crea un ambiente hostil que dificulta la labor de los líderes opositores y desincentiva la participación política.
Estas campañas de odio y estigmatización no solo buscan silenciar las voces disidentes, sino también crear un ambiente de miedo y represión que socava los principios democráticos fundamentales.
Estigmatización y Difamación en Redes Sociales
Distintas organizaciones de derechos humanos que han hecho seguimiento riguroso a los derechos digitales, han documentado distintas prácticas alarmantes: Uno de ellos es la documentación de cerca de 27 hashtags en redes sociales como X y TikTok han sido utilizados por cuentas pro-gobierno para atacar a miembros de la oposición venezolana y a la sociedad civil disidente. Estas campañas de estigmatización y difamación buscan deshumanizar y desacreditar a los opositores, presentándolos como enemigos del estado y de la sociedad. La difusión de mensajes falsos y acusaciones infundadas no solo afecta la imagen pública de los afectados, sino que también promueve una cultura de intolerancia y odio.
Persecución y Acoso Virtual
Además de la estigmatización y la difamación, la persecución se ha materializado en la práctica de deshabilitar cuentas y en la identificación de posibles objetivos por parte de las mismas cuentas trolls del Ejecutivo Nacional. Este tipo de acoso virtual ha tenido consecuencias reales y tangibles, ya que muchas veces lleva a la intimidación y el temor de los afectados. La persecución no se limita al ámbito virtual, sino que en muchos casos se traduce en acciones físicas contra los opositores, como detenciones arbitrarias, vigilancia constante y amenazas directas a sus familias.
Monitoreo de Derechos Digitales por Otras ONG
Otras ONG venezolanas también han documentado la situación de los derechos digitales en el país. Por ejemplo, los analisis realizados desde Cazadores de Fake News, destaca la desinformación acompañada de acusaciones falsas contra las voces disidentes. La censura en Internet contra medios de comunicación ha crecido de manera exponencial, afectando la libertad de expresión y el acceso a la información. Además, el informe de Ve Sin Filtro, señala que más de cien URLs están bloqueadas en Venezuela, incluyendo sitios independientes de noticias, lo que limita la libertad de expresión y el acceso a la información.
Conclusión
Estas campañas de odio y represión no solo buscan silenciar las voces disidentes, sino también crear un ambiente de miedo y represión que socava los principios democráticos fundamentales. Es crucial que la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos tomen conciencia de estas prácticas y aboguen por un ambiente de respeto y diálogo en Venezuela. La lucha por la democracia y los derechos humanos es una tarea que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, y es fundamental que se denuncien y se condenen estas tácticas de odio y represión.
