La oleada de despidos en el sector público post 28 de julio, que ha afectado a más de 5,490 trabajadores en diversas instituciones, revela un patrón preocupante en la evolución de la represión política en Venezuela. Desde los 100 despidos reportados en la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV) por publicaciones en WhatsApp, hasta las amenazas sobre 5,000 trabajadores en la Zona Educativa de Apure, la situación es alarmante. Estas acciones siguen una estrategia histórica que se remonta a la lista Tascón de 2004, siendo un indicativo más de la erosión de las libertades individuales bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El fantasma de la lista Tascón
La lista Tascón, creada durante el gobierno de Hugo Chávez, facilitó la identificación y persecución de aquellos que firmaron en apoyo a el referendo revocatorio celebrado en agosto del año 2004. Este mecanismo de control ha perdurado a lo largo de los años, estableciendo un marco de hostigamiento que se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías y plataformas de comunicación. En lugar de ser un asunto del pasado, la persecución se ha modernizado, tomando forma en despidos, amenazas y la vigilancia constante de las expresiones en redes sociales de empleados de administración pública y en algunos casos de empresas privadas.
La represión digital se ha convertido en un instrumento clave para el régimen, permitiendo una vigilancia más cercana y un control social más efectivo. Esta transición hacia un enfoque digital en la represión ha evidenciado una incapacidad por parte de muchos trabajadores públicos de manifestar sus opiniones y ha generado un clima de miedo que silencia a muchos potenciales críticos.
Los despidos en instituciones como Conviasa, Aeropostal, INAC y PDVSA, que han sumado más de 390 casos adicionales, entre agosto y septiembre del 2024 reflejan una clara estrategia del régimen para mantener el control sobre el sector público. La justificación de estos despidos, en muchos casos, se basa en razones ideológicas, lo cual es una forma velada de represión. Las opiniones expresadas en redes sociales no solo se convierten en motivos de despido, sino que también alimentan un clima de temor e inestabilidad laboral.
Relata un trabajador despedido de un instituto de la gobernación del Estado Apure «Nuestro jefe nos convocó una reunión con carácter de urgencia el día 30 de julio, ya varios nos pidió la credencial y que entregáramos los teléfonos, a los que nos negamos varios de nosotros, su respuesta fue ya yo le tengo pillado sus estados de WhatsApp, vayan a seguir apoyando a María Corina y al Edmundo González en sus casas, aquí los malagradecidos con la revolución no son bienvenidos«.
La amenaza que pesa sobre los trabajadores de la Zona Educativa de Apure, donde se citó a 5,000 personas por expresar sus verdaderas inclinaciones políticas en sus redes sociales o aplicaciones de mensajerías, es un ejemplo de la política del miedo. Los trabajadores son convocados y enfrentan la posibilidad de despido por expresar posturas que se consideran contrarias a la ideología oficial. Este tipo de presión no solo afecta a los individuos directamente despedidos, sino que tiene un efecto dominó en toda la clase trabajadora que teme por sus empleos.
La represión de opiniones políticas en las redes sociales hacia los trabajadores del sector público no es nueva. La idea de que se puede ser despedido por un simple comentario en una plataforma digital transforma a los trabajadores en sujetos de autocensura. Este fenómeno, en el contexto actual, es una estrategia complementaria con la persecución impulsada desde las fuerzas estatales con la denominada operación TUN TUN.
Los despidos alentados por el miedo se convierten en un instrumento de control que, al silenciar voces críticas, permiten que el régimen continúe con su narrativa y controle la información que circula en la opinión pública.
La alineación a traves del SISCOM
El sistema de comunicación e Información, una aplicación móvil estatal, que entre algunas de sus funciones establece la obligatoriedad para funcionarios públicos de publicar y hacer difusión del contenido tanto oficial como no oficial que se genera desde el gobierno para posicionar narrativas, que no solamente implica propaganda sino también contenido estigmatizante contra disidentes.
Educación para el activismo en tiempo de totalitarismo digital.
Todo esto nos obliga a generar espacios donde en especial los empleados públicos venezolanos puedan ayudar a difundir contenido libre en redes sociales, de manera anónima segura y resiliente, es un desafío para las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que podamos generar este tipo de espacios para combatir la censura, la desinformación, la represión digital, para posicionar nuevamente un internet libre y democrático en Venezuela.
